El Ingreso Mínimo Vital es un derecho.

El ingreso mínimo vital no es una «paguita» para todo el mundo, tenga trabajo o no. No es una forma de cobrar por no hacer nada, ni siquiera es consagrar la ley del mínimo esfuerzo para los que no tienen ganas de trabajar, no encuentran trabajo o simplemente prefieren cobrar del Estado. Estos argumentos y otros similares los escucharemos y leeremos por parte de la ultraderecha y de su caverna mediática, para demostrar que es totalmente injusto que unas personas cobren del Estado y otras tengan que mantenerlos. No se les pasa por la cabeza que sea una forma de solidaridad con los que menos tienen, con los que luchan contra la pobreza severa o simplemente que es un derecho «para que nadie se quede atrás»  tal como lo definió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Vivimos en la sociedad de la Teoría de dos pasos de Lazarsfeld, en la que la ciudadanía no recibimos la información directamente, son los líderes de opinión los que en primera instancia difunden su información en el relato político. Puede servir un «hashtag» en Twitter, un «meme» satírico, un comentario por Facebook” o un vídeo en Youtube para que ciertas personas crean la información que les plantean y convertirse en fieles conversos, sin ni siquiera llegar a cuestionarse si lo que les dicen está bien o mal, simplemente lo dan por cierto. Muchas personas estarán convencidas de que con su esfuerzo y con sus impuestos, van a mantener a unos vagos que no se esfuerzan y que no quieren trabajar.

Ellos no quieren comprender que es similar a las Pensiones No Contributivas, una forma de protección que elimine la pobreza más severa. Una manera de proporcionar a las familias sin ingresos una renta que les permita afrontar las necesidades más básicas, combatir la desigualdad, terminar con la pobreza infantil, compensar otras protecciones o percepciones que les permita vivir dignamente. Es simplemente, una renta para los más pobres. Tenemos la experiencia de comentarios despectivos, por ejemplo la experiencia del PER, que fue impulsado en zonas rurales deprimidas de Andalucía y Extremadura con una alta tasa de paro, para que contratasen a trabajadores eventuales agrarios (jornaleros) en paro y facilitar así un periodo de empleo y el acceso a un subsidio especial de desempleo. Y, durante años algunos han pensado que andaluces y extremeños se conformaban con la «paguita». Incluso algunos piensan que estas formas «de dar dinero por nada», es una forma de mantener un clientelismo puro y duro a favor de ciertos partidos políticos.

El Consejo de Ministros de ayer viernes, ha dado luz verde al Real Decreto-Ley por el que se pone en marcha un Ingreso Mínimo Vital en España. Se ha conseguido un derecho para los más pobres, conseguir que sea una nueva pata del Estado del bienestar, que permitirá apoyar a muchos hogares vulnerables y conseguir tener una sociedad más justa y solidaria. Acabemos con las colas del hambre, las personas que necesitan ayuda no quieren limosnas, no quieren sentirse humillados ni inferiores a nadie. No es suficiente con el compromiso de adhesión a una causa colectiva real y de pública necesidad como significa la solidaridad de tantas ONG. Es el Estado el responsable de asumir dicha responsabilidad, por eso el Ingreso Mínimo Vital es un derecho.