Protección de la infancia frente a la violencia.

A veces se congratula uno con la política, ayer martes, el Consejo de Ministros ha aprobó el anteproyecto de «Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia», conocida como Ley Rdodes, que protege la dignidad y los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, frente a la violencia, con medidas de prevención, detección, asistencia y protección. La violencia hacia la infancia y la adolescencia, desde el maltrato físico y psicológico, el abandono, los abusos sexuales, es un problema real y generalizado que se tenía que abordar. Por eso, es tan importante que cuando llegue el proyecto de ley al Congreso de Diputados, su tramitación sea urgente y exista un total consenso parlamentario, donde la ideología no esté por encima de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Dicha Ley,  amplía los plazos de prescripción para evitar situaciones de impunidad; crea nuevos delitos para castigar a quienes usen las nuevas tecnologías para incitar al suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios de los menores, así como actos de naturaleza sexual; todos los ciudadanos tendrán el deber de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores a la autoridad competente; se establece que en todos los centros educativos, sanitarios, de ocio o deportivos se establezcan protocolos de detección y actuación y que en los colegios se cree la figura del coordinador de bienestar; endurece las condiciones para el acceso al tercer grado, la libertad condicional o los permisos penitenciarios para personas condenadas por abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes; la retirada de contenidos en Internet para evitar la persistencia delictiva y que las víctimas realicen una única narración de los hechos ante las fuerzas de seguridad y operadores judiciales. En definitiva, asegurar que los niños, niñas y adolescentes se les crea y se les escuche.

Era una ley necesaria, porque proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia es una obligación moral, en la que todos somos responsables, y que hemos de colaborar en detectar y reportar situaciones de violencia contra menores. A partir de su aprobación en el Congreso de Diputados será, también, una exigencia legal. El resultado será muy similar a lo que sucedió con la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, despertará en la sociedad una percepción social de todos estos delitos, que muchos de ellos no se denuncian, ya que existen muchísimas dificultades para que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer denuncias y que les crean. Una forma de defender frente a la violencia todos los aspectos que puedan suponer desigualdad y desprotección de los menores en esta sociedad.