Vivienda digna y adecuada como derecho.

Los ciudadanos tienen dos opciones para acceder a un techo: la hipoteca como forma más segura de tener una vivienda o el alquiler, casi siempre sin suficientes garantías y precios elevados. Y, una tercera opción, aunque ilegal, que es la okupación, para las personas y familias que no tienen otra opción para el acceso a una vivienda digna. Vivienda es hablar de personas que tienen que pagar un alquiler o una hipoteca y que apenas les queda dinero para sobrevivir. Jóvenes que se tienen que conformar con vivir en su hogar paterno o compartir un piso. Vivienda es caer en la marginalidad social al ser desahuciados. Mientras la banca, las socimis y los grandes propietarios tienen viviendas vacías o con alquileres desproporcionados, habiendo gente que las necesita El Estado no ha sabido o no ha querido dar una solución al problema de la vivienda. No funcionó la creación del SAREB, el Banco Malo con un 45% de capital público. Que no ha creado un parque público de vivienda, sino que ha preferido vender las viviendas a precio de saldo a Fondos de Inversión extranjeros.

La falta de viviendas es un ejemplo de un derecho no desarrollado, donde faltan leyes como la Ley de Vivienda que quiere impulsar el Gobierno de España, donde se defiendan los derechos de todos, en especial de los más necesitados. Donde el derecho a la vivienda debe comenzar por el interés de las administraciones públicas en construir más viviendas públicas, en ofrecer más derechos y menos trabas a los inquilinos y que la vivienda sea solo un gran negocio. El Partido Popular se opone a la primera Ley de Vivienda de España, que tras casi 12 meses de negociaciones, han cerrado PSOE y Unidas Podemos han cerrado este martes. El acuerdo solo es un proyecto, que regulará los alquileres, limitando los precios a los grandes tenedores, y bajando por ley los alquileres en base al índice de referencia en las zonas de mercado tensionado y la retirada de privilegios fiscales. El PP lo recurrirá al Tribunal Constitucional, aduciendo que un Gobierno no puede «interferir» en la libertad y en la propiedad privada. Pero, por lo visto, un Gobierno si que puede dejar a muchos ciudadanos y ciudadanas sin el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».