La huelga de transporte, no es una huelga.

La Constitución Española reconoce en su artículo 28.2 el derecho de huelga como un derecho fundamental, aunque esta huelga de transporte, no es una huelga, es un chantaje al Gobierno de España y a toda la sociedad. El reconocimiento constitucional del derecho de huelga no es concedido como otros derechos constitucionales, a los ciudadanos en abstracto, sino sólo a los trabajadores: «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses» (Constitución Española, art.28.2) . Esta huelga de transporte es en definitiva, un paro empresarial convocado por profesionales autónomos y patronos del sector del transporte. Todo derecho de huelga no es un derecho absoluto, tiene que respetar la existencia de otros derechos y bienes constitucionales del resto de ciudadanos, estableciendo las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

En el caso de una huelga de transporte, tiende a instalarse la idea de que la simple convocatoria de huelga tiene que provocar una limitación de todas las actividades del resto de la sociedad. El ejercicio del derecho de huelga no consiste en un derecho para paralizar un país, por el mismo llamamiento a la huelga. Una huelga debe amparar el derecho a trabajar de aquellos trabajadores que no decidan secundar el llamamiento y deben existir unos servicios mínimos que garanticen el autoabastecimiento y distribución de bienes y servicios. En una huelga se debe defender los derechos de los trabajadores, pero también la protección del interés colectivo. Quizás se sacrifica el derecho de huelga a determinados trabajadores, pero se debe asegurar que a pesar de la huelga, se sigan prestando al menos determinados servicios que se consideran necesarios para la comunidad. Que los transportistas tengan razón en sus reivindicaciones, no les autoriza a que su decisión cree desabastecimiento, cierre de fábricas, trabajadores al paro, aumento de precios y dañar la economía del país. Los ciudadanos tenemos el derecho a que se trate de garantizar nuestros derechos que sean compatibles con el derecho de huelga de los trabajadores. Por eso esta huelga de transporte, no es una huelga.

Esta madrugada el Gobierno ha cerrado un acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), pero no con la Plataforma, que ha sido quien ha convocado la huelga, pero que no se siente representada por el CNTC ni forma parte del mismo. El Ejecutivo y la gran patronal del transporte han llegado a unos acuerdos firmados entre ellos: una bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible. De los cuales, 15 céntimos saldrán del presupuesto público y un mínimo de 5 céntimos de las petroleras. Ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del tipo de vehículo. Ampliación del plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO. Y, antes del 31 de julio, presentar un texto de proyecto de ley para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector. ¿Será suficiente para desembocar la huelga? La plataforma organizadora de los paros cree que sus ayudas son «limosna» y anima a los transportistas a seguir presionando. Somos rehenes de unas reivindicaciones que nos hacen perder nuestros derechos como ciudadanos, al igual que los «gilet jaunes», no son solo la expresión de un malestar social, sino una lucha contra el sistema y que son capaces de hacer desestabilizar el Gobierno de España.