Ataque a la democracia española.

Estamos ante un ataque a la democracia española, donde acaban de quitarnos el voto que decidimos en las urnas, unos vocales del Tribunal Constitucional cuyo mandato ha caducado hace meses. El Tribunal Constitucional ha paralizado de forma cautelar la votación en el Senado de la reforma del poder judicial propuesta por el Gobierno al imponer la mayoría conservadora por 6 votos a 5, después de admitir el recurso del PP contra la medida. Por primera vez en nuestra historia, nuestros representantes democráticos verán suspendida parcialmente su actividad legislativa, en la sede de la soberanía popular, por mandato del Tribunal Constitucional. Impiden una votación en el Senado para eludir su renovación, decidiendo sobre su propia recusación y pasando por encima de la soberanía popular. La derecha política, mediática y judicial ha consumado un ataque a la democracia española.

El Tribunal Constitucional aún contando con cuatro de sus once magistrados con el mandato caducado, han ordenado por primera vez detener una votación parlamentaria por la vía urgente. Ha dirimido el auto de recusación que pesaba sobre el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez que llevan seis meses con el mandato caducado y tienen interés directo en el pleito, ya que lo que se dirimía era parar una reforma que les obliga a irse del TC. Ellos ya tienen sustitutos porque el Gobierno ha designado a sus dos candidatos: el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez. Sin embargo, no se abstuvieron en la votación y mientras el CGPJ sigue bloqueando el nombramiento a sus dos magistrados para el TC.

Una reforma impulsada por el Ejecutivo de coalición que pretendía modificar el sistema de elección de los mismos jueces del Constitucional, ante el bloqueo del Partido Popular. Se ha decidido por un voto de diferencia impedir una votación parlamentaria que iba a propiciar la renovación del propio tribunal, Es curioso, que valen más 6 votos de unos magistrados del Tribunal Constitucional que el voto de casi 35 millones que votamos en las elecciones generales del 10-N de 2019. Los ciudadanos elegimos el poder legislativo y el Parlamento elige al Gobierno. Pero, ha sido el Tribunal Constitucional el que se ha opuesto a la soberanía popular y suspendiendo cautelarmente, por primera vez en la historia de nuestra democracia, una tramitación legislativa en el Parlamento español.  

Entre las funciones del TC, como intérprete supremo de la Constitución, no debería estar la intromisión en el funcionamiento del Parlamento e intervenir con medidas cautelarísimas antes de la votación de una ley, en contra del principio que le lleva a actuar con las normas ya sancionadas. El resultado es que no se votará en el Senado la norma que, aprobada en el Congreso, debe servir para desbloquear la elección de dos miembros del Tribunal Constitucional. Solo queda que el Gobierno presente la enmienda como proposición de ley, como solución a este precedente peligroso para la democracia.