La pérdida de confianza social por la corrupción política.

La pérdida de confianza social en España por la corrupción política, es un fenómeno sistémico, que da cuenta de la violación de deberes públicos para el beneficio personal, en donde por lo menos una de las partes involucradas ha de cumplir un cargo de carácter político o público. Que puede clasificarse de diferentes formas y desvela prácticas particulares en las que siempre hay favoritismo, prácticas de poder, dinero y personas. Una mezcla de nepotismo; cadena de suministro; soborno, estafa, extorsión y enriquecimiento ilícito; y, por supuesto de falta de honradez, de respeto de valores morales, normas sociales y en consecuencia de una forma de obrar justa, recta e íntegra. La corrupción política no es algo habitual, que es es algo excepcional, que está presente en toda clase de sociedad y en todos los sistemas políticos. Y, que dependerá  de los controles jurídicos e institucionales y de la sensibilidad social respecto a la misma.

La corrupción política tiene un impacto negativo sobre lo que se define como confianza generalizada o social, es decir, aquella confianza que otorgamos a las personas que nos gobiernan, el desgastamiento de este tipo de confianza
afecta negativamente a la confianza en los políticos, en la política, en la democracia y en el Estado de Derecho. En la que se puede dar una parte de responsabilidad política y otra de responsabilidad judicial. Una parte política que parte de la desviación o incumplimiento de los deberes del cargo, el abuso de la confianza en general y de lo que se espera de un gobernante. Y, después está la responsabilidad jurídica, la que se resume como infracción de la ley, en su mayoría delitos como el cohecho, la malversación o el tráfico de influencias. Aunque, por regla general, nadie dimite por responsabilidad política y todos apuran la responsabilidad jurídica.

La Justicia dictaminará la responsabilidad de Ábalos y de Koldo García, pero hay una responsabilidad política, en que una sucesión de personas corruptas, en la que figuran políticos, intermediarios, empresarios y beneficiarios,
llegue al extremo de convertirse en corrupción organizada e incluso institucional. Todas las personas son en
principio honestas, pero es difícil resistir la tentación de determinados personajes, como Víctor de Aldama y muchos otros. Después viene, la ausencia de una moral pública y cívica que incrimine a la corrupción y a los corruptos, sobre todo a la hora de votar que casi nunca se castiga.

El PSOE puede ser un partido no corrupto, pero cuando se permite la vinculación de familiares y amigos a la burocracia estatal que no cumplen los requisitos de mérito y perfil, es corrupción. Cuando se buscan favorecimientos particulares a través de decisiones públicas sin cumplir los criterios de selección para los mismos, es corrupción. Cuando alguien del partido o del Gobierno, se apropia de recursos económicos a través de los procesos de contratación pública, es corrupción. Estamos hablando de moral pública, de rechazo de la corrupción de los políticos y gestores públicos, exigiendo un comportamiento intachable, para no llegar a la pérdida de confianza social y poder exigir lo mismo a toda la ciudadanía.