Con los derechos sociales, no se juega.

Los derechos sociales consisten en proteger y garantizar los derechos y el bienestar de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, que al igual que los denominados derechos civiles y políticos, deben ser un compromiso y una responsabilidad política, que deberían compartir las instituciones y todos los partidos políticos. Cuando PP, Vox y Junts han votado en contra del decreto ómnibus, muchas medidas calificadas como urgentes, tienen eminentemente un carácter social. A la derecha no le ha importado castigar al Gobierno, maltratando a los más desvalidos, en contra de los derechos sociales de tantos ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto jugando con ellos. 

El resultado de no aprobar el decreto ómnibus, no es solo, el no revalorizarse las pensiones a más de 12 millones de pensionistas, del 2,8% para las contributivas y del 9% para las no contributivas, en 2025. Y, la prórroga hasta el 30 de junio de 2025, de los descuentos de hasta el 100% del transporte público terrestre para viajeros habituales. En ese supuesto "decreto trampa" según PP, Vox y Junts había medidas como: la subida del ingreso mínimo vital en un 9%; un paquete de ayudas para los afectados por la DANA que asoló la Comunidad Valenciana el pasado mes de octubre; la prórroga de las ayudas dirigidas a la reconstrucción de la isla de La Palma por la erupción volcánica de 2021; la suspensión de los desahucios y lanzamientos para familias en situación de vulnerabilidad; la prórroga de la prohibición de cortes de suministros a los consumidores vulnerables hasta finales de año; la prórroga de la cuantía actual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que no decaiga en 2025; deducciones del IPPF por compra de vehículos eléctricos... Ayudas para los más vulnerables, los más necesitados, que se lo han negado PP, Vox y Junts. Los mismos, junto a PNV que han acabado con el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas.

Los derechos sociales son para proteger a los más vulnerables: a las familias trabajadoras, a las personas mayores, a las personas dependientes, a los que han sufrido una desgracia natural como la DANA o el volcán de La Palma. Los políticos deben estar al servicio de los ciudadanos y su finalidad debería ser mejorar su vida. En teoría, a ningún político, le han escogido para votar en contra del bienestar y la felicidad de sus ciudadanos. Nunca el interés particular de los partidos por alcanzar el poder a toda costa, debería anteponerse al bien común. Aunque, parece que para algunos, lo único que prevalece es destruir al contrario. No hay excusa para no votar a favor de los derechos sociales del decreto ómnibus, ni siquiera el rechazar el decreto que incluía el traspaso al PNV de un palacete en París, que fue la sede del Gobierno vasco en el exilio y que ahora está en manos del Estado como emplazamiento del Instituto Cervantes en la capital francesa.

En las elecciones generales, los ciudadanos elegimos a los diputados y senadores que nos representarán en las Cortes Generales -Congreso y Senado-, cuando se observa lo que hacen determinados políticos, se crea desafección en la ciudadanía y el progreso de la extrema derecha, cuando se comprueba que algunos partidos no defienden a la ciudadanía que se supone representan. Ahora, no es hora de buscar culpables, es el momento de volver a votar a favor de los derechos sociales, de las personas. Donde es necesario no separar los decretos que lleven la subida de las pensiones y las ayudas al transporte, porque es necesario aprobar el resto de medidas, porque son necesarias. Quizás el final de la legislatura está cerca y quizás también el de los derechos sociales.