Protocolos de la vergüenza.

La Justicia se basa en la idea de que la verdad objetiva existe y que los seres humanos pueden determinarla, una medida de lo correcto y de lo incorrecto, dilucidar que una de las partes en conflicto tiene razón y la otra no. Por lo tanto, hasta que la Justicia no determine si hay culpabilidad o no del apartheid sanitario que supusieron los protocolos de la vergüenza, aprobados y firmados durante de la pandemia de 2020 por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Solo cabe la protesta, los comentarios y la lucha jurídica por parte de las familias ante el temor que prescriban los hechos, donde perecieron en la Comunidad de Madrid 9.468 ancianos y ancianas, de los que 7.291, murieron sin ser trasladados a un hospital.

Debido a la aplicación de las medidas de contención de la pandemia de COVID-19, el confinamiento llegó también a las residencias geriátricas, lo que conllevó a una restricción de movilidad, una limitación de movilidad, limitación en las relaciones sociales y una menor supervisión por falta de recursos asistenciales lo que pudo provocar consecuencias en variables cognitivas, funcionales y emocionales, con consecuencias en las personas mayores en España. Pero, en la Comunidad de Madrid, había unos protocolos de la vergüenza, en los que: "Cuando una persona mayor estaba gravemente enferma, con el Covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio", como afirmó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea regional del 15 de febrero de 2024.

Se establecieron criterios para la derivación hospitalaria en la Comunidad de Madrid, basados sin saber si eran positivos de Covid, sino en su grado de dependencia, discriminando también a los mayores que no tenían seguro privado en la pandemia, a lo que se añadió la falta de equipos de protección, material, personal, no tener medicalizadas las residencias y la privatización de servicios. El resultado se tradujo en tasas de mortalidad excesivas, que cinco años después, no se ha dirimido ninguna responsabilidad política, ni judicial.

Es complicado distinguir la proporción de exceso de mortalidad que fue causada directamente por la infección por el Covid-19  y como consecuencia indirecta de personas de avanzada con otras patologías. Pero, en la Comunidad de Madrid 7.291 mayores fallecieron, sin medicalizar las residencias, sin trasladarlos a hospitales ni públicos ni privados, ni al hospital de campaña de IFEMA. Se les negó el derecho a la derivación hospitalaria y a una atención médica digna. Es justa la reivindicación de los familiares de saber lo qué pasó y que no se vuelva a repetir, por eso es tan importante que se sepa la verdad. Después de cinco años, no han tenido ninguna consecuencia para los dirigentes políticos responsables de los protocolos de la vergüenza, ni política, ni judicial, ni de ningún tipo.